En su presentación del coloquio, el Sr. Mustapha Libzar, Secretario General del CSPJ, enfatizó que la lucha contra la corrupción en Marruecos es una opción estratégica respaldada por la alta  voluntad Real, que fue plasmada por el Consejo en la implementación de la Constitución en la parte relacionada con la cooperación con las autoridades y su contribución a la moralización de la vida pública, la lucha contra todas las formas de corrupción, y puesta en práctica del principio de vinculación de la responsabilidad a la rendición de cuentas.

El Sr Mustapha Libzar agregó que esta conciencia impulsó la firma de un memorando de entendimiento entre el CPSJ, la Presidencia del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas el 30 de junio de 2022, con el objetivo de cooperación entre estas partes para llevar a cabo sus tareas en el marco de la lucha contra la corrupción en el ámbito de la administración pública y la moralización de vida pública.

Por su parte, el Sr. Hakim El Ouardi, consejero en el Gabinete del presidente delegado del CSPJ, ha expuesto un informe sobre la eficiencia de los departamentos de delitos financieros, que diagnostica la realidad de estos departamentos, en cuanto que una condición necesaria para una visión que procura mejorar el rendimiento y aumentar la eficacia. El diagnóstico palpable de la realidad del ejercicio a nivel de los departamentos es una condición necesaria para trazar objetivos creíbles que parte de un buen conocimiento de los problemas jurídicos y reales que obstaculizan la política penal, planificada para luchar contra los delitos financieros, además de proponer soluciones para superar esos problemas.

El Sr. Hakim El Ouardi dijo que los miembros de la Comisión encargada de implementar el memorando de cooperación entre CSPJ, la Presidencia del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, y que supervisó la preparación del informe, consideraron que un inventario de problemas prácticos ayudaría a identificar las necesidades de formación de los departamentos de delitos financieros, que puedan contribuir al desarrollo de los conocimientos de sus jueces, de manera que sirva al logro de la seguridad judicial mediante la unificación, comprensión, interpretación y aplicación de la ley. El sr. Ouardi agregó que el informe incluye un examen integral de las secciones de delitos financieros a nivel de instrucción y las salas penales de primera instancia y apelación.

En el mismo contexto, el Sr. Khalid Kerdoudi, Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Marrakech, destacó la importancia de los fondos públicos en cuanto que pilar básico de las economías de los Estados, a través del cual trazan sus planes actuales y futuros, con el objetivo de lograr el progreso y el bienestar de la sociedad, lo que hace de su protección una obsesión que los Estados buscan alcanzar por medios legislativos y otros, añadió que el derecho penal vino a extender su protección al dinero público con normas jurídicas que sancionan toda forma de delito contra él de cualquier persona, incluidos los encargados de su gestión y administración.

El Sr. Kerdoudi concluyó que el tema de la protección de fondos públicos requiere la participación de todos los organismos involucradas en el diagnóstico de las deficiencias que impiden garantizar que la tesorería del estado cumpla con todos sus derechos judiciales, enfatizando la necesidad de garantizar el seguimiento de los procedimientos de ejecución para evitar a los condenados que evadan la ejecución de las sentencias dictadas en su contra, especialmente en la parte relativa a la recuperación de fondos públicos y confiscación de bienes y rentas.

Por su parte, la Sra. Loubna Lehlou, jueza de instrucción de la Sala de Delitos Financieros del Tribunal de Apelación de Rabat, realizó una intervención en la que subrayó que la protección penal del dinero público no se limita a los delitos financieros, sino que incluye los delitos de asaltar el dinero público y perturbar sus beneficios por parte de todos los ciudadanos, añadiendo que las formas de corrupción financiera en la legislación nacional, está en conformidad con la Convención contra la Corrupción ratificada por Marruecos, de conformidad con el Real Decreto 58.07.1. emitido el 30 de noviembre de 2007.

La Sra. Loubna Lehlou hizo un recuento de los mecanismos instrucción judicial frente a los delitos financieros, y agregó que las técnicas de investigación e instrucción en delitos financieros son métodos especiales, que requieren procesos precisos de investigación, ya que no es fácil y simple de desarrollar una estrategia específica para la investigación e instrucción en este tipo de delitos dada su naturaleza técnica, especialmente porque requiere la acumulación entre los procedimientos administrativos y las operaciones contables, lo que requiere la consulta y el estudio de una gran cantidad de documentos.

En una intervención sobre el control superior de las finanzas públicas, el Sr. Redouan Chokri, jefe de sección en el Tribunal de Cuentas, confirmó que los tribunales financieros ejercen una supervisión integral y diversificada con el objetivo de proteger los fondos públicos. Esta supervisión abarca el control del cumplimiento, el control financiero y el control de ejecución o gestión, y se aplica a todos los organismos públicos (intereses estatales, grupos territoriales, instituciones públicas y contrataciones públicas nacionales y territoriales), así como a las personas de derecho privado que reciben apoyo público, como asociaciones y partidos políticos.

En el marco de la protección de los fondos públicos con un enfoque preventivo, añadió el ponente, se ha creado un sistema completo e integrado para la declaración obligatoria de la propiedad de los administradores públicos. Esto se hace en reconocimiento de la importancia de fomentar la vida pública y consagrar los principios de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la inclusión de la competencia para recibir, seguir y controlar esta declaración con el fin de lograr este objetivo. Este se inscribe en el marco de las sus funciones de los tribunales financieros, para proteger los fondos públicos y activar el principio de vinculación de la responsabilidad a la rendición de cuentas, así como prevenir algunas formas de corrupción.

En el mismo contexto, Jamal Hahou, Fiscal del Rey ante el Tribunal Regional de Cuentas de la región de Rabat-Salé-Kenitra, afirmó que los órganos supremos de control se dividen en dos categorías. La primera se compone de oficinas de auditoría cuyas funciones se limitan a informar a las autoridades competentes sobre las violaciones financieras en el marco de las actividades de control y auditoría. La segunda categoría tiene un carácter judicial y cuenta con la autoridad para imponer sanciones directamente por las violaciones financieras cometidas, conforme a su marco legal.

El Sr. Jamal Hahou afirmó que el objetivo del control de los fondos públicos es detectar en el momento oportuno cualquier violación a las normas aplicables, así como cualquier infracción a la legalidad, eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera. Esto se hace con el fin de tomar medidas correctivas o preventivas para evitar la comisión de tales actos, o al menos dificultar su comisión en el futuro.